Sabemos que la violencia contra las mujeres es un problema público que puede presentarse en todos los espacios y esferas de la interacción humana, ya sean públicos o privados. Asimismo, no somos ajenas a la violencia contra las y los integrantes de la familia, la omisión a la responsabilidad de asistir y cumplir con las pensiones de alimentos, entre otros aspectos que se dan en la esfera privada pero que deben ser de interés público porque denota la calidad humana de quien la ejerce.
Ante ello, somos conscientes que una persona que infringe condiciones mínimas y éticas de la vida no puede, en definitiva, ser un buen servidor público y por ello no podemos permitir que de manera impune ejerza un honorable cargo en nuestro país.
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