30 Abr Son elecciones y las familias diversas importan

*Por Pamela Andrés Del Castillo.

En el Perú más de 1.7 millones de personas presentan una orientación no heterosexual, es decir, se identifican como personas homosexuales, bisexuales o pansexuales. A pesar de esta realidad, las acciones que ha tomado el Estado en favor de sus derechos no han sido suficientes pues aún un 71% de personas reconoce que las personas LGTBIQ+ enfrentan altos niveles de discriminación, mayores incluso en comparación con otros grupos vulnerables como los pueblos indígenas, las personas afrodescendientes, las personas con discapacidad o las personas privadas de libertad. 

Una ventana de esperanza fue cerrada el 3 de noviembre pasado. Ese día, luego de más de 2 años de espera, el Tribunal Constitucional llevó a cabo el debate de la demanda de amparo que presentaron en el 2012 Oscar Ugarteche y su esposo Fidel Aroche a fin de que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) inscriba su matrimonio realizado en Ciudad de México. Si bien resultó preocupante la decisión de mantener esta deliberación en reserva y no realizarla de manera pública, muy pocos auguraron el decepcionante resultado final: una mayoría de cuatro magistrados votaron por no pronunciarse sobre el fondo del asunto al considerar, entre otras razones, que dentro de nuestro ordenamiento jurídico no existe un derecho al matrimonio igualitario que pueda ser tutelado.

La indignación no se hizo esperar frente a esta decisión. La Defensoría del Pueblo, la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad del Poder Judicial, el Movimiento Homosexual de Lima (MHOL) e incluso la propia presidenta del Tribunal y los magistrados que votaron en minoría mostraron su rechazo y decepción. El mismo día que se dio a conocer el fallo, el propio Oscar Ugarteche realizó una declaración calificando al pronunciamiento del Tribunal como “un retroceso hacia la igualdad de derechos en el Perú” señalando además que su lucha continuará en el exterior, en específico, ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 

Para iniciar un litigio ante el Sistema Interamericano se requiere la presentación de una petición individual ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este mecanismo se encuentra disponible cuando los recursos internos previstos por algún Estado miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA) fallan al momento de brindar justicia a quienes han sufrido algún tipo de vulneración a sus derechos humanos. Si bien existe la posibilidad de que la CIDH emita un Informe sobre el Fondo de la petición para luego trasladarla a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de ser el caso y así este Tribunal pueda adoptar una decisión final, otra opción cada vez más explorada es la de arribar a un acuerdo de solución amistosa a fin de que se pueda consensuar entre el Estado y los peticionarios la adopción de medidas tendientes a la reparación de las afectaciones sin esperar a la emisión de una sentencia. 

Justamente el buscar un acuerdo de solución amistosa donde el Perú se comprometa a inscribir todos los matrimonios igualitarios realizados en el exterior es parte de la estrategia que planea seguir el equipo legal detrás de la petición a presentarse a favor de Oscar Ugarteche y su esposo Fidel Aroche. Pero para lograr un acuerdo de este tipo se requiere la construcción de una relación de confianza entre peticionarios y el Estado donde prime el compromiso de ambas partes. En ese sentido, si ya se conoce de la presentación de la petición y de la intención de los peticionarios de arribar a un acuerdo, ¿qué se necesita desde el lado estatal para lograrlo?. 

De acuerdo al marco legal, en nuestro país el suscribir la adopción de un acuerdo de este tipo no depende del parecer de un solo funcionario/a, sino de la confluencia de voluntades de diversas entidades que estimen favorable la posibilidad de adoptar acciones para reparar las violaciones de derechos humanos en un determinado caso, y de lograr el refrendo de figuras como el/la Ministro/a de Justicia y Derechos Humanos/as y otros/as Ministros/as involucrados/as. Es decir, se requiere que desde el Estado se estime positiva la conveniencia y factibilidad de adoptar un acuerdo de solución amistosa y que, además, se apueste por la toma de medidas a favor de reparar el daño causado; condiciones que no son fáciles de lograr. 

Es en este panorama que cobra importancia las próximas elecciones que se llevarán a cabo el 11 de abril en nuestro país donde tendremos la oportunidad de elegir a un/a nuevo/a Presidente de la República, Vicepresidentes, Congresistas de la República, entre otras autoridades. Así desde la segunda mitad de este año contaremos con un nuevo gobierno y un nuevo legislativo que bien podrían coadyuvar a lograr la voluntad política necesaria para que el Perú responda favorablemente la propuesta de suscribir un acuerdo de solución amistosa beneficioso para los derechos de las personas LGTBIQ+ comprometiéndose a adoptar las medidas de reparación que se lleguen a consensuar, entre las que se puede encontrar, como ya señalamos, la inscripción de todos los matrimonios igualitarios realizados en el exterior. 

Sumado a ello, la necesidad de contar con un Congreso que apueste por la igualdad se vuelve aún más relevante tras el anuncio realizado por una de las entidades involucradas en este caso: el RENIEC. En efecto, éste señaló en un comunicado publicado el 11 de diciembre pasado que presentaría un Proyecto de Ley a fin de atender las solicitudes de ciudadanos/as “que requieren la inscripción de nacimientos y/o matrimonios generados por situaciones que actualmente no se encuentran reguladas por nuestra legislación nacional” en respuesta a las declaraciones del presentador Ricardo Morán quien aún no logra realizar la inscripción de su hijo e hija. De ser presentada esta iniciativa, se empezaría a andar en el deseado camino de brindar protección legal no sólo a los matrimonios igualitarios realizados en el extranjero, sino también a aquellas otras familias diversas que no pueden inscribir a sus hijo/a/s dentro del Registro Civil, tal como sucede en el caso ya señalado de Ricardo Morán o en el de Darling Delfín, Jenny Trujillo y, el hijo de ambas, Dakarai. 

Sin embargo, a pesar de que la discusión sobre el matrimonio igualitario así como sobre la adopción de otras medidas a favor de la comunidad LGTBIQ+ ha estado presente en el debate político en los últimos años, tan solo 3 de un total de 21 partidos han incluido medidas concretas a favor de sus derechos dentro de sus planes de gobierno tal como lo reveló una revisión realizada por la organización “Presente”. Y es por este panorama que nuestro papel como electores y electoras cobra mayor relevancia. 

Si somos parte de ese 71% de personas que reconoce la tremenda desigualdad que existe en nuestro país en desmedro de quienes pertenecen a la comunidad LGTBIQ + y queremos hacer algo para cambiar esta realidad, este es el momento. A pesar de que la oferta electoral pro -igualdad sea escasa, con nuestro voto podemos ayudar a que personas comprometidas con los derechos LGTBIQ+ arriben a los espacios de poder y decisión donde la garantía de estos derechos es discutida.

En esta campaña electoral que las familias de Oscar Ugarteche y Fidel Aroche, la de Ricardo Morán, la de Darling Delfín, Jenny Trujillo y Dakarai al igual que la totalidad de familias diversas también importen.

*Bachillera en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estudiante de Maestría en Gobierno y Políticas Públicas por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ex – Coordinadora General del Círculo de Derechos Humanos – UNMSM.