31 Ene ¡QUEREMOS PAZ CON JUSTICIA SOCIAL!

*Por Pilar Anco Ávila.

Desde 1993, toda persona tiene derecho a la vida lo cual supone la protección jurídica del Estado. En ese mismo año se reconoció el derecho a la protesta, la facultad que permite a todas las personas a expresar libremente su sentir. Sin embargo, desde el 2022 ambos derechos han sido vulnerados y violentados por el propio Estado peruano.

El miércoles 7 de diciembre del 2022, el expresidente, Pedro Castillo anunció la disolución del Congreso de la República, acción que conllevó a su detención por romper el orden constitucional. Horas más tarde, la vicepresidenta de la república, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, juró como presidenta del Perú. La situación nacional dio un giro inesperado, lo que ocasionó que distintas regiones del Perú realicen diversas manifestaciones en contra del gobierno de Boluarte. Entre sus demandas: la liberación de  Pedro Castillo, y una  nueva constitución.   

Durante la primera semana del gobierno de Dina Boluarte, se registraron dos fallecidos tras un enfrentamiento con la policía en la ciudad de Andahuaylas. Los jóvenes David Atequipa (15), y Beckham Quispe (18), perdieron la vida ejerciendo su derecho a la protesta. Hasta la fecha, se registraron oficialmente más de 50 fallecidos y mil heridos en Lima y en diferentes regiones del país. Una cifra espantosa que refleja el estudio del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), donde se especifica que el gobierno de Dina Boluarte es el segundo mandato con mayor número de muertos en América Latina desde el 2000.

Fuente: Celag

Lo que estamos viviendo ahora no es coyuntural y no es que pasará fácilmente, es un problema estructural. Es importante entender que los manifestantes no solo tienen como consigna la liberación de  Pedro Castillo o una nueva constitución. Son años de olvido, abandono, escasez de agua, escasez de educación, escasez de salud, escasez de justicia. Son demandas justas y legítimas acumuladas durante muchas décadas.

No podemos ser indiferentes frente a estas demandas, no podemos tildar como “terroristas” a los manifestantes sin pruebas fundadas o criminalizar a las personas bajo el adjetivo por el solo hecho de ser manifestantes organizados a favor de los cambios que vocean las grandes mayorías del pueblo peruano. Somos conscientes de que, como en toda movilización, hay personas que aprovechan la situación para hacer disturbios, pero ese actuar no representa el sentir de las personas que salen a las calles a ejercer su derecho a la protesta. 

Seamos empáticos, seamos solidarios con nuestros propios compatriotas. No podemos vivir en una burbuja de privilegios o en la más cómoda indiferencia mientras afuera continúa la masacre de peruanos/peruanas. No debemos silenciar nuestra voz de protesta mientras el Estado peruano siga vulnerando el derecho a la vida. No podemos permitir que las personas encargadas de transmitir la verdad sean las principales partícipes en las correlación de fuerzas para ocultar la realidad. 

Esta lucha ya no se trata de nuestras diferencias y pugnas políticas, es algo mucho más complejo que las trasciende. Es una lucha donde todas y todos los peruanos debemos involucrarnos para lograr esa ansiada paz con justicia social por la que tanto se ha luchado históricamente en esta tierra de los “nadies”.

*Bachiller en Periodismo por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y Community Manager de Acción Por Igualdad.

**Fotografía: Agencia de noticias EFE/Paolo Aguilar.