28 Dic Esterilizaciones forzadas y obligaciones internacionales
*Por: Lucía Ortiz Morales
El fallo del Poder Judicial peruano, que respalda la acción de amparo presentada por Alejandro Aguinaga, constituye un punto crucial en el debate sobre la justicia penal y los derechos procesales en Perú. Este caso, emergente de las esterilizaciones forzadas durante el régimen de Alberto Fujimori, pone en primer plano desafíos legales y éticos significativos. La decisión de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, anulando el proceso inicial, obliga a un replanteamiento de la acusación, en un contexto donde conceptos como ‘lesa humanidad’ y la correcta tipificación de los delitos son fundamentales. Este revés en el proceso no solo retrasa la búsqueda de justicia para las víctimas, sino que también incita a una reflexión más amplia sobre cómo el sistema judicial peruano aborda casos de violaciones graves de derechos humanos, equilibrando el derecho a un juicio justo para los acusados con la necesidad de responsabilizar a quienes violan derechos humanos de manera sistemática. La repercusión de este fallo trasciende los límites del caso específico, afectando la percepción pública y la confianza en el sistema judicial, y plantea preguntas sobre la capacidad del sistema para manejar casos de alta complejidad y sensibilidad.
Contexto y crítica de la decisión judicial
El caso de las esterilizaciones forzadas es emblemático en la historia peruana. afectó a miles de víctimas, la mayoría indígenas y campesinas, bajo un programa de control de natalidad que, según los afectados y organizaciones de derechos humanos, se realizó sin consentimiento informado. La decisión de la corte suprema, que favorece a Aguinaga, exministro de salud, ha sido criticada por entidades como amnistía internacional y la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos (WOLA) por alejar a las víctimas de la justicia y perpetuar la impunidad.
Por su lado, la Acción de Amparo, en teoría, es un recurso legal destinado a proteger los derechos constitucionales cuando estos son amenazados o violados. En el caso de Aguinaga, se utilizó para impugnar el proceso penal en su contra, alegando violaciones a los derechos procesales. esta situación plantea un dilema: ¿hasta qué punto la acción de amparo debe ser utilizada para proteger los derechos de los acusados en casos de graves violaciones de derechos humanos?. En el dilema de usar la acción de amparo para proteger los derechos de los acusados en casos de graves violaciones de derechos humanos, es fundamental encontrar un equilibrio entre el derecho al debido proceso y la necesidad de justicia para las víctimas. Si bien es crucial respetar los derechos procesales de los acusados, la acción de amparo no debería usarse como una herramienta para evitar la responsabilidad en casos de severas transgresiones a los derechos humanos. La integridad del sistema judicial y la confianza pública en él dependen de su capacidad para manejar estos casos con justicia y equidad, garantizando tanto un juicio justo para los acusados como una justa reparación para las víctimas.
El dilema entre justicia penal y derechos procesales
La decisión del poder judicial plantea un importante debate sobre el equilibrio entre garantizar el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado peruano en casos de graves violaciones a los derechos humanos y el respeto a los derechos procesales de los acusados. Si bien es fundamental garantizar un debido proceso, no debe perderse de vista la magnitud de los crímenes investigados y la necesidad de justicia para las víctimas. No debemos olvidar que el Estado peruano debe cumplir con las obligaciones internacionales de las esterilizaciones forzadas, según las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las cuales incluyen:
Realización de investigaciones exhaustivas y aplicación de sanciones a los responsables: la cual subraya la necesidad de una investigación profunda de los hechos ocurridos y la imposición de sanciones adecuadas a quienes resulten responsables de estas violaciones a los derechos humanos.
Investigaciones administrativas y penales contra funcionarios del Ministerio Público y del Poder Judicial: Estas investigaciones buscan abordar la negación del acceso a la justicia para los familiares de las víctimas. La CIDH pone énfasis en la importancia de indagar sobre la actuación de estos representantes del Estado que pudieron haber contribuido a la impunidad en estos casos.
Con la anulación del proceso por la Corte Suprema, el Estado peruano enfrenta un desafío en su obligación de llevar a cabo investigaciones exhaustivas sobre las esterilizaciones forzadas. A pesar de este revés, es crucial que el Estado continúe trabajando para garantizar la rendición de cuentas y la justicia para las víctimas, en línea con las recomendaciones de la CIDH. Además, debe persistir en las investigaciones administrativas y penales contra aquellos funcionarios que pudieron haber obstaculizado el acceso a la justicia en estos casos. La decisión de la Corte Suprema no disminuye la responsabilidad del Estado de perseguir la verdad y la justicia en este asunto tan sensible y significativo.
Conclusión
Este caso subraya la complejidad de aplicar la justicia en contextos donde los derechos constitucionales entran en tensión. La solución no es sencilla y requiere de un equilibrio cuidadoso. Es esencial que el sistema judicial no sólo proteja los derechos procesales sino que también garantice que las graves violaciones de derechos humanos no queden impunes. la anulación del proceso y la remisión a foja cero deben verse no como un fin en sí mismo, sino como una oportunidad para que la justicia peruana refuerce su compromiso con ambos aspectos: el respeto a los derechos procesales y la búsqueda de justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos.
Referencias:
- (16 de diciembre del 2021). Esterilizaciones forzadas en Perú: luego de 18 años de proceso penal se abre investigación judicial contra Alberto Fujimori y sus exministros de salud. Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil). https://cejil.org/comunicado-de-prensa/esterilizaciones-forzadas-en-peru-luego-de-18-anos-deproceso-penal-se-abre-investigacion-judicial-contra-alberto-fujimori-y-sus-exministros-de-salud/
- García, R. Ikumi. Esterilizaciones forzadas en el Perú. Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión (LUM).https://lum.cultura.pe/exposiciones/ikumi-esterilizaciones-forzadas-en-el-per%C3%BA
- Luján, S. (24 de agosto del 2023). CIDH juzgará al Perú por muerte de mujer tras esterilización forzada durante el gobierno de Alberto Fujimori. Infobae. https://www.infobae.com/peru/2023/08/25/cidh-juzgara-al-peru-por-muerte-de-mujer-tras-esterilizacion-forzada-durante-el-gobierno-de-alberto-fujimori/
- Miranda, B. (9 de noviembre del 2015). Así fueron las esterilizaciones forzadas que ahora son asunto de interés nacional en Perú. BBC.https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/11/151108_esterilizaciones_forzadas_historias_interes_nacional_peru_b
- Molina, A. (2017). Esterilizaciones (forzadas) en Perú: Poder y configuraciones narrativas. Revista de Antropología Iberoamericana, Universidad Autónoma de Barcelona (España).https://www.redalyc.org/pdf/623/62350968003.pdf .
- Niezen, C. (11 de junio del 2011). Perú: Esterilizaciones forzadas son crímenes de lesa humanidad imprescriptibles.
- ONU. (2005). Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-and-guidelines-right-remedy-and-reparation
*Abogada por la Universidad nacional San Luis Gonzaga De Ica, magistranda en Derechos Humanos en la PUCP, Abogada de violencia contra la mujer y violencia familiar, Asesora Legal del proyecto “Acción Verde”de la organización ciudadana “Accion por Igualdad”, con experiencia de atención de casos de violencia de género, ha elaborado diferentes artículos de opinión sobre derechos sexuales y reproductivos.
** “Esperanza Huayama fue engañada y amenazada antes de que le practiquen una ligadura de trompas contra su voluntad.”, BBC News-Mundo.